Los críticos de la UPA desde hace ya largo tiempo atrás vienen afirmando que las tarifas insosteniblemente bajas, dictadas por el Estado, para pasajeros y fletes en los servicios ferroviarios que no podrían cubrir el costo del mantenimiento para garantizar la seguridad de los trenes y las vías, y mucho menos podrían permitir la expansión y mejora del servicio reflejaban la incapacidad del gobierno para tomar decisiones difíciles.